Mes: agosto 2013

Cada cosa en su lugar, tenemos que estudiar antes de hablar.

He visto como en nuestro país se tergiversan las situaciones, es la manera más elegante que encuentro de decir, que existe una ignorancia suprema realmente preocupante, que me causa pena ajena frente a los colegas que si asumen un compromiso con la academia, el Tribunal de Contrataciones Públicas nacional tiene competencias limitadas para atender conflictos derivados de (Artículo 120 de la Ley 22 de 2006)

¿QUE PUEDE TRAMITAR?

Fase precontracutal

1. Actos administrativos Adjudicados

2. Declarados Desierto

3. Rechazos de Ofertas

Fase Contractual

1. Resolución Administrativa de Contratos por incumplimiento y su inhabilitación

¿QUE PUEDE DECIDIR? Artículo 354 del Decreto Ejecutivo 366 de 2006.

1. Confirmar lo actuado

2. Modificar lo actuado

3. Revocar y restablecer el derecho vulnerado

4. Anular lo actuado

Para esto es IMPRESCINDIBLE que los proponentes demanden los actos con los que no estén conforme, por cuanto NO ES UNA FISCALIA NI SE ACTUA DE OFICIO, incluso debe presentarse una fianza de impugnación para  iniciar la revisión de cada caso, abrogarnos labores de investigación y fiscalización sobre los actos públicos no solo es ILEGAL sino INCONSTITUCIONAL Artículo 32 de la Constitución Política.

Cualquier abogado o estudiante de primero año de la facultad de derecho sabe que con las competencias no se hacen experimentos, que ir más allá es vulnerar una de las garantías fundamentales y la falta de competencia el causal de nulidad absoluta de cualquier acto.

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no mantiene la responsabilidad de fiscalizar los actos públicos, su función es revisar única y exclusivamente los actos público que se presentan ante el Tribunal y que cumplan la formalidad para ser objeto de revisión, sus miembros son jueces que resuelven los conflictos que se les reparten.

“Y YA”, luego pueden ir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Cada uno debe asumir su responsabilidad, después que el Tribunal dicta su resolución, lo que haga el representante legal de cada entidad pública es asunto de otro estadio, escapa de las competencia del Tribunal.

Cada cosa en su lugar.

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