Interesados (estudiantes, empresarios, servidores de compras, abogados, ingenieros, contadores y todo aquel que guste de la materia) en el Instituto Académico Panameño de Contrataciones Públicas, sábado 27 de julio del presente Universidad de Panamá, para mayor información contáctenos vía celular. Requerimos profesionales en las citadas ramas, para liderar grupos.

Para quienes deseen participar (TODOS SIN LIMITANTE ALGUNO) en el movimiento más académico del país en la materia, anunciamos que el SÁBADO 27 DE JULIO EN LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, estaremos reunidos a partir de las 9:00 a.m., para dar los primeros pasos  hacia una organización compuestas por estudiosos comprobados en diversas materias :

  • Medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos en su fase de compras y registros ante la Máxima Autoridad de Salud de la República de Panamá.
  • Normas de contrataciones de la Autoridad del Canal de Panamá
  • Normas del BID, Banco Mundial, PNUD y CAF (organismos prestatarios internacionales)
  • Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

Toda materia de Derecho Administrativo relacionada como:

  1. Bienes Patrimoniales
  2. Fiscalización (Contraloría)
  3. Sancionatorio
  4. Disciplinario
  5. Fiscal (Tributos)
  6. Presupuesto

Si usted tienen alguna de estas pericias y desea ser parte de nuestra organización, solo debe traer sus mejores intenciones al grupo.

“EL INTELECTO UNIDO, COBRA CUOTAS DE PODER IMPORTANTES, QUE PERMITE CUESTIONAR LA VERDAD DE AQUELLOS QUE DICEN TENERLA”.

Anabelle Padilla Lozano.

13 de julio de 2019.

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CONVOCATORIA PARA QUIENES DESEEN INTEGRARSE AL INSTITUTO PANAMEÑO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Si estas interesado en ser integrante de la primera asociación relacionada a la materia, puedes contactarte vía mail, para infórmate de nuestra primera reunión, la cual esta dirigida a estudiantes, empresarios, personal de compras y abogados.

Requisito Único:

  1. Mantener un veraz interés en las contrataciones públicas.

CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA PANAMEÑA

En Panamá, así como en otros muchos países, el hallazgo puntual sobre los actos de corrupción de los gobiernos que han transitado y transitan, apuntalan a las contrataciones públicas, pues sin duda alguna, se trata del aprovisionamiento para que el Estado opere y todo su engranaje funciones, entonces que mejor excusa que las necesidades de prestación de servicios públicos y la actividad comercial que ejerce en busca de ganancia que asista al interés público.
¿Cómo se puede obtener ilegalmente prebendas en el Estado?
1. Suministrando concesiones
2. Facilitando permisos de cualquier índole
3. Proveyendo certificaciones de cualquier índole
4. Confiriendo decisiones (administrativas/judiciales)
5. Manipulando actos públicos
6. Contratando servicios cuyo pago deben ser devueltos en alguna medida al contratante
Aquí se resume los principales, posibles escenarios de actos ilegales para la obtención de coimas y con ello la tipificación de:
• corrupción de servidores públicos,
• enriquecimiento injustificado,
• concusión y exacción,
• tráfico de influencias,
• abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos,
• delitos contra los servidores públicos,
• violación de sellos públicos y
• fraude en los actos de contratación pública.
Tal como se puede advertir, quizás la única de las actuaciones que no guarda estrecha relación con las contrataciones públicas, es el punto 2, facilitar permisos de cualquier índole , pero que aún se requieren algunos actos públicos, con lo cual se puede incluso falsificar o alterar información.
El resto es susceptible de corrupción directa en contrataciones, pues el ceder concesiones administrativas por un pago, el adulterar certificados como el de la DGI y el de la CSS, manipular el acto para la obtención de una decisión y solicitar el pago por la recepción a satisfacción de un servicio o suministro, son faltas y delitos que pueden recaer en un proponente y/o en un servidor público.
Sin embargo, para que todas estas acciones en componenda se concreten, es necesario el PRECIO que debe sobreponerse para el reparto entre aquellos que intervengan en el asunto, pues sin este el adjudicatario o contratista pierde.
Y de todo lo antes mencionado, se encuentra normado en el Código Penal en su Capítulo IX  Fraude en los Actos de Contratación Pública, así como tendría cabida otros tipos penales antes mencionados:

Artículo 364. Será sancionado con prisión de seis meses a dos años o su equivalente en días-multa quien:
1. Se concierte con otro para alterar el precio en un acto de contratación pública.
2. Solicite o reciba pago, pague o haga promesa de pago para participar o no participar en un acto de contratación pública.
3. Impida la participación de otro proponente o participante mediante violencia, intimidación o engaño.
4. Difunda noticias falsas o distorsionadas en alguno de los actos de contratación pública para sacar provecho a favor suyo o de un tercero.
5. Se concierte con su competidor para fijar el precio en uno o más actos de contratación pública.
Artículo 365. El servidor público que con su gestión favorezca o perjudique a alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior será sancionado con prisión de dos a cuatro años o su equivalente en días-multa y con inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.

Luego de investigaciones inútiles en la materia, quizás por el desconocimiento de los fiscales y su falta de apoyo en peritos especialistas o por el poco interés en adentrarse en cada uno de los casos, lo único que queda claro es que la figura del SOBRECOSTO es la gran estrella, así lo ha manifestado categóricamente la Procuradora de Nación en reiteradas ocasiones.
Los procedimientos de selección de contratista no es realmente el problema, pues al encontrarnos en el ámbito del Derecho Administrativo, los verdaderos conocedores no solo en contrataciones públicas, sino en dicha rama esencial del Derecho Público, son múltiples las salidas sobre la que se puede sustentar la escalada y concreción de un acto público adjudicado, declarado desierto y un poco más difícil, el rechazo de ofertas.
Hay que tener en cuenta que, a diferencia del Derecho Privado, es decir, el ámbito civil, el Derecho Administrativo cuenta con un sin número de conceptos que un buen administrativista utiliza para sustentar el actuar dentro de las normas, si realmente cuenta con la pericia:
• Principio de Legalidad
• Convalidación de los actos
• Complementación de los actos
• Nulidades
• Conceptos jurídicamente indeterminados pero validados constitucionalmente.
Así las cosas, el gran problema abordar ha debido ser el sobre costo no solo en las obras, sino en los servicios y suministros, no obstante, hemos conocido de primera mano que se pretende racionalizar la situación con la eliminación de la riesgosidad en los actos públicos, que a nuestro parecer solo empeora la situación por esta razón:
• Si en realidad el objeto no es ganar el acto público a toda costa con el precio más bajo para luego introducir Adendas de costos, la entidad pública solo podrá esperar la obtención de obras y artículos de la más baja calidad, poniendo en peligro la satisfacción de los administrados y esto lo vemos ampliamente en materia de medicamentos.
Si es cierto que las autoridades como la SPIA y la CAPAC están dispuestas a contribuir con el país, sobre la posibilidad de un sobre costo exagerado, admitiendo que el Estado es lento en sus pagos y que con ello los contratistas deben ser previsores para no quebrar por decirlo de alguna manera, entonces como podrían colaborar incluso para no concentrar tanto poder en la Dirección General de Contrataciones Públicas sería:
1. Reunirse cada seis meses para establecer junto con la ACODECO y la Contraloría General de la República (Ingenieros, expertos en estudio de mercados), un listado no de precios, pero sí de márgenes de costos sobre los principales insumos, artículos, materiales de construcción publicados en la páginas electrónicas de la Contraloría, ACODECO (recordemos que el Estado es un consumidor igualmente) y la Dirección General de Contrataciones Públicas, a fin que los ingenieros que preparen los presupuestos se manejen dentro de rangos prudentes para el cálculo de la obra que únicamente será constatada al momento de enviar el expediente a ingeniería de Contraloría para el refrendo del Contralor.
Cabe la posibilidad de que la arena, asfalto sean de mayor costo, pero esto debe ser explicado por los ingenieros de la entidad pública contratante.
2. Incorporarse como miembros de la Comisiones Verificadoras y Evaluadoras en los casos que se amerite, ello porque entendemos que se trata de un servicio sin pago de honorarios, pero que en principio mantiene beligerante en el tema, a la CAPAC y SPIA quienes entendemos también les interesa las contrataciones públicas, tal como lo han dejado claro con las reformas que se pretenden.
Cabe agregar, que el sistema de selección aleatoria de integrantes de las comisiones, deben estar en manos de la más noble de las entidades, las académicas , donde se enseña y se aprende, un territorio que, aunque público se aleje de la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría cuyas bases son políticas relacionadas directamente con el gobierno de turno, más no en el área académica en donde un rector es escogido básicamente por una agrupación estudiantil y de sus administrativos.
No hay nada más medible que los costos, los precios desde que sale el barco que trae la mercancía, puesto en nuestro país y la ganancia del tercero que lo vende, así que solo es cuestión de voluntad y poco de creatividad para ayudar a Panamá a combatir la repartición del pastel.
Ahora bien, tras el Fallo del pasado noviembre, en el que Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, acogió por primera vez el pago de intereses moratorios, se abre una puerta a la posibilidad de componenda para la obtención de más fondos del Estado y ser dividido, pues ello resulta en la espera del incumplimiento del pago pactado en el Contrato durante algún período y luego solicitar este cobro.
En adelante los servidores públicos deberán ser muy prudentes con la recepción a satisfacción y el no retraso en el pago por causas imputable a la entidad, de lo contrario, el Estado va a pagar con nuestros impuestos la negligencia a propósito o no de dineros extras en las contrataciones públicas.
Son tantas las válvulas abiertas para el escarnio de la Administración Pública, que a nuestro parecer, ya no se trata solo de un asunto de legislación, pues podemos contar con la más exacta y perfecta, pero mientras los seres humanos que administren la cosa pública, no tengan principios y fines, y a su vez, se carezca de la colaboración directa de instancias como la Cámara de Comercio y la SPIA,  nos quedaremos con las mejores intenciones.

Anabelle Padilla Lozano

Panamá, 6 de junio de 2019.